El 17 de febrero de 2005, el Presidente Bush sorprendió tanto a los políticos de Washington como a los activistas de derechos humanos al nominar a John D. Negroponte, actual embajador de EE.UU. en Irak, para el puesto recientemente creado de director de la inteligencia nacional. Los observadores políticos no esperaban que un diplomático de carrera fuera seleccionado para supervisar las 15 agencias nacionales de inteligencia, mientras que a los activistas de derechos humanos les sobrecogía la idea de que semejante responsabilidad fuera a recaer sobre un hombre que podría haber apoyado los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad hondureñas, entrenadas por la CIA, cuando ocupó el puesto de embajador de EE.UU. en Honduras desde 1981 a 1985. 

El historial de derechos humanos de Negroponte en Honduras ha sido objeto de escrutinio público y político en los últimos años. Cuando el Presidente Bush nominó a Negroponte al puesto de embajador ante Naciones Unidas en mayo de 2001, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado pasó varios meses reuniendo y revisando documentación relacionada con su servicio en Honduras. En los años posteriores a la ocupación de Negroponte de este puesto han aparecido informes gubernamentales, investigaciones periodísticas y testimonios que han proporcionado pruebas que apoyan las alegaciones de que el embajador justificó o al menos se desentendió de las serias violaciones de los derechos humanos cometidas en Honduras. 

Cuando se anunció su nombramiento para N.U. la prensa hizo una amplia cobertura del cuestionable historial de Negroponte, y varias organizaciones de derechos humanos lanzaron campañas para detener dicho nombramiento. No obstante, el 14 de septiembre de 2001 –sólo tres días después de los ataques terroristas contra Estados Unidos– el senado, claramente ansioso por cubrir este importante puesto en un momento de crisis internacional, dejó a un lado sus dudas sobre los antecedentes de Negroponte y aprobó su nominación. 

El 7 de mayo de 2004, un sentimiento de urgencia se apoderó de nuevo del Senado cuando confirmó a Negroponte para el puesto de embajador de EE.UU. en Irak, sólo 17 días después de que el Presidente Bush anunciara su nominación. Aunque era innegable la importancia de contar con un equipo en la embajada con mucha antelación a la cesión de poderes a un organismo de gobierno iraquí, el Senado pasó por alto el hacer un examen más profundo del historial de derechos humanos del hombre que aprobaron para que revisara la transición de Irak a la democracia. 

Durante la permanencia de Negroponte en Honduras, los Estados Unidos utilizaban el país como base de operaciones para la guerra de la Contra en Nicaragua, y la lucha a mayor escala contra el comunismo en América Central. En nombre de la «seguridad nacional», las fuerzas de seguridad hondureñas –incluyendo a miembros de la inteligencia militar entrenada por la CIA, pertenecientes al Batallón 3-16 – cometieron serios abusos contra los derechos humanos de civiles supuestamente subversivos. Estas violaciones de las leyes internacionales incluyeron secuestros, torturas y asesinatos. 

La prensa hondureña publicó cientos de historias de secuestros y detenciones ilegales, de ciudadanos hondureños y grupos de derechos humanos que pidieron ayuda al sistema judicial para localizar desaparecidos y de varias familias de desaparecidos y al menos un político hondureño que solicitaron directamente la ayuda de Negroponte. Aún así, el embajador negó insistentemente –tanto ante el Congreso como ante la prensa internacional– que hubiera sancionado oficialmente los abusos que estaban teniendo lugar. 

El hecho de no informar de estas violaciones socavó una de las obligaciones esenciales de la embajada: la de informar al Congreso de los acontecimientos que pesan en la ayuda externa y en la toma de decisiones políticas. Las leyes federales exigen que el Departamento de Estado proporcione al Congreso informes anuales sobre las prácticas en cuanto a derechos humanos de los países que reciben asistencia externa de EE.UU., y el Departamento de Estado depende de las embajadas para conseguir la mayor parte de los datos para estos informes. Aún así, Negroponte y otros funcionarios de alto rango de la embajada animaron supuestamente a sus subordinados a omitir la información sobre violaciones de los derechos humanos. 

Rick Chidester, un funcionario auxiliar de la embajada en Honduras, dijo a The Baltimore Sun que sus superiores le ordenaron que en su informe de 1982 sobre derechos humanos omitiera la información que había recabado sobre los secuestros y torturas por parte de los militares. (Después dijo que el Sun lo había malinterpretado). El saneado informe resultante del Departamento de Estado contiene afirmaciones tan incorrectas como: «Los estudiantes, trabajadores, campesinos y otros grupos de intereses comunes tienen libertad plena para organizar y llevar a cabo frecuentes manifestaciones públicas sin interferencias... El gobierno no impide la actividad de los sindicatos». De hecho, eran estos grupos los que se habían señalado como presuntos subversivos y estaban sufriendo los peores abusos.

Un informe desclasificado de la inspección general de la CIA de 1997 arroja más pruebas de los esfuerzos de la embajada por suprimir información. En referencia al caso del Rev. James Carney, el informe cita una fuente, cuyo nombre ha sido tachado, que explica que no hubo «posterior información sobre ejecuciones de prisioneros [porque] ya se habían mencionado antes, y a Negroponte le preocupaba que el hecho de enfatizar sobre este tema creara un injustificado problema de derechos humanos con Honduras». Según el mismo informe, «la preocupación» de Negroponte fue suficiente para motivar la suspensión de posteriores investigaciones sobre las ejecuciones.

Puesto que el Acta de Asistencia Exterior prohibe la ayuda militar a cualquier gobierno que «acometa un patrón estable de serias violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente», estas omisiones influenciaron las decisiones políticas y asistenciales de los EE.UU. La ausencia de información sobre desapariciones y torturas en los informes de derechos humanos a partir de 1982 despejó el camino para incrementar la ayuda militar, que aumentó astronómicamente de 4 a 77 millones de dólares durante el mandato como embajador de Negroponte. Este incremento de los fondos fue esencial para apoyar los esfuerzos de los EE.UU. por ayudar a la Contra y derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. 

El Presidente Bush anunció su intención de nombrar a Negroponte para el puesto ante las N.U. en marzo de 2001, y en mayo envió oficialmente su nombre a consideración. Posteriormente a la aparición de Negroponte ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para la revisión de su nominación como embajador en Filipinas en 1993, se difundieron para consulta pública sustanciales informaciones sobre la política y el papel de EE.UU. en Honduras durante los años 80. En 1995, The Baltimore Sun publicó una serie de artículos sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por los militares hondureños con el conocimiento del gobierno de EE.UU., y esto obligó a la CIA a llevar a cabo una revisión interna de sus actividades durante ese periodo. 

A la luz de este informe y otros similares, que suscitaron recelos sobre el papel de Negroponte en Honduras, miembros del partido demócrata del comité senatorial solicitaron más información al gobierno antes de considerar su nombre para la nominación como embajador ante N.U. A causa de los retrasos en la obtención de la información exigida, provocados por la rama ejecutiva y la CIA, la vista para la nominación se pospuso hasta septiembre. Los senadores también revisaron documentos de los departamentos de Estado y Defensa. 

Durante la vista de nominación, que tuvo lugar el 13 de septiembre, varios senadores del Comité de Relaciones Exteriores preguntaron a Negroponte si la embajada se abstuvo de dar la información completa sobre las violaciones que estaban teniendo lugar o proporcionó «informes engañosos». Negroponte replicó que la información difícil es difícil de conseguir, y que no tenía «información a gran escala, pruebas o datos de la extensión que estas –que semejantes violaciones podrían tener». 

Defendió sus afirmaciones, hechas en una carta de 1982 a la revista Economist, de que «simplemente es mentira aseverar que aparecieran escuadrones de la muerte en Honduras» e insistió en que «Yo nunca vi este tipo de actividades». También cuestionó la veracidad de algunas de las fuentes citadas en informes de la CIA que se utilizaron como pruebas de que suprimió u ocultó información sobre abusos contra los derechos humanos. 

Por el contrario, el predecesor de Negroponte en Honduras, Jack R. Binns, era aparentemente muy consciente de que estaban sucediendo abusos por parte del estado, e informó de sus sospechas a Washington. En junio de 1981, Binns envió un cable a Washington afirmando que «estoy profundamente preocupado por la creciente evidencia de asesinatos oficialmente sancionados o patrocinados de blancos políticos y criminales, que indican claramente que la represión del GH [gobierno de Honduras] está desarrollando una marcha más rápida que la que habíamos previsto». 

Un compendio que el personal de la embajada de Binns preparó para Negroponte antes de su llegada en noviembre de 1981 afirmaba que «las fuerzas de seguridad del GH han comenzado a recurrir a tácticas ilegítimas –desapariciones, y aparentemente, eliminaciones físicas– para controlar las amenazas subversivas que perciben». En respuesta a las preguntas del Senado, Negroponte comentó: «no recuerdo el compendio, aunque es muy probable que se preparara un informe de este tipo para que yo lo revisara. Tampoco recuerdo haber examinado ningún cable específico del embajador Binns en relación con (...) la situación de los derechos humanos». 

Estos informes seguramente atrajeron la atención del nuevo embajador. Es más, durante el primer año de Negroponte en el cargo, la prensa hondureña publicó más de 300 historias de abusos militares, y en agosto de 1982, el antiguo jefe de la inteligencia hondureña Leónidas Torres Arias, que había sido expulsado, convocó una conferencia de prensa en México en la que afirmó que existía un activo «escuadrón de la muerte» dirigido por el Gen. Gustavo Álvarez Martínez, un hombre con el que Negroponte mantenía un contacto estrecho y regular. 

En la vista del Comité del Relaciones Exteriores del Senado de 2001, el antiguo senador Paul Wellstone (D-Minn.), que junto con Barbara Boxer (D-Calif.) y Russell Feingold (D-Wis.) votó contra la nominación del embajador, los presionó cuando éste guardó silencio ante la evidencia de serias violaciones de los derechos humanos. «Es que no puedo entender por qué no ha sido más franco, por qué no lo ha hecho público, y por qué, incluso hoy, sigue pareciendo reticente a reconocer el hecho de que, efectivamente, el estado estaba implicado» dijo Wellstone. «Estaba generalizado. Hubo asesinatos». 

Negroponte respondió citando un editorial que escribió en 1983 para Los Angeles Times y varios discursos que hizo durante ese periodo como prueba de que habló sobre el tema. Sin embargo, su editorial sólo se refiere a los derechos humanos como un «punto débil en el por otra parte positivo historial político de Honduras», y afirma que «no hay indicios de que las infrecuentes violaciones de derechos humanos que suceden formen parte de una política deliberada del gobierno».

Negroponte alegó también que hizo «una gran labor en el área de la diplomacia silenciosa». Declaró que expresó su preocupación sobre los abusos a derechos ante funcionarios del gobierno hondureño, incluyendo al presidente y altos cargos militares, y les urgió a que corrigieran lo que describió como «deficiencias» en el sistema de aplicación de las leyes de ese país. 

Además, el embajador minimizó las reuniones que tuvo con líderes de la Contra nicaragüense en los 80, después de que el Congreso aprobara la Enmienda Boland, que prohibía la ayuda a la Contra. Alegó que sólo se reunió con líderes «civiles» de este grupo paramilitar «para interesarse por su situación». Negroponte también mantuvo varias reuniones con Oliver North, el oficial de la Agencia de Seguridad Nacional que desempeñó un papel esencial en los tratos para suministrar fondos a la Contra por medio de la venta ilegal de armas a Irán. 

Tres semanas antes de que el Presidente Bush anunciara su intención de nominar a Negroponte para el puesto ante N.U., el Departamento de Estado revocó el visado del antiguo comandante del Batallón 3-16 Luis Alonso Discua Elvir . Discua había estado viviendo en Estados Unidos desde 1996, ocupando oficialmente el puesto de representante auxiliar de Honduras ante las Naciones Unidas. No obstante, no cumplía las obligaciones de su cargo, y por tanto violaba los términos de su visado diplomático. 

Algunos funcionarios del Departamento de Estado se sorprendieron de la velocidad sin precedentes con que se expulsó a Discua, lo que hizo que algunos observadores consideraran que el momento de su forzada partida no era una coincidencia. Otros dos antiguos miembros del Batallón 3-16, José Barrera Martínez y Juan Angel Hernández Lara habían sido deportados desde Canadá y EE.UU. respectivamente a principios de ese año. 

Al contrario que en las vistas del Senado para la confirmación de Negroponte como embajador ante N.U., los senadores que votaron su nominación para el cargo en Irak plantearon pocas dudas sobre su historial en Honduras. Muchos senadores expresaron su aprobación del servicio que había prestado en el puesto de N.U. y su deseo de no insistir en temas pasados. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad su nominación y la presentación ante el pleno del Senado se limitó a una votación a mano alzada en lugar de un debate completo en el hemiciclo. 

Sólo tres senadores –Mark Dayton (D-Minn.), Richard Durbin (D.-Ill.) y Tom Harkin (D-Iowa)– votaron en contra del nombramiento. El Senador Harkin fue el único que hizo un discurso contrario a la confirmación de Negroponte, citando su «insensible indiferencia ante los abusos contra los derechos humanos cometidos durante su ocupación del cargo de embajador de EE.UU. en Honduras». 

Negroponte fue el representante de mayor rango del Presidente Bush en México entre 1989 y 1993, periodo en el que se ocupó de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC). Su confirmación para este puesto, justo después del juicio de Oliver North, se paralizó cuando algunos senadores cuestionaron su papel en el asunto Irán-Contra. No obstante, al final del desempeño de su cargo en México, había recibido grandes elogios por su labor tanto de demócratas como de republicanos. 

En 1993 el Senado confirmó unánimemente su nominación por parte del Presidente Clinton para ocupar el puesto de embajador en Filipinas. Fue durante su periodo en dicho país que surgieron dudas con respecto a su historial de derechos humanos en Honduras: inicialmente, él rehusó hacer comentarios a la prensa, pero más tarde defendió sus acciones. En 1997, estuvo supuestamente a punto de ser nombrado embajador en Grecia, pero se retiró del servicio diplomático para ocupar un puesto en el sector privado con la compañía McGraw-Hill. El proceso de su nombramiento como embajador en Grecia hubiera exigido una vista en el Senado que indudablemente hubiera profundizado en su pasado en Honduras. 

Funcionario del servicio exterior estadounidense desde 1960, Negroponte también actuó como oficial de enlace en las conversaciones de paz de Vietnam (1968-1977), como asistente de Henry Kissinger y jefe de la oficina de Vietnam del personal del Consejo de Seguridad Nacional (1970-1973), consejero de asuntos políticos en Ecuador (1977-1979), secretario auxiliar de estado para temas de Asia y Pacífico (1980-1981), secretario auxiliar de estado para océanos y temas científicos y de medioambiente internacional (1985-1987), y asistente del presidente para temas de seguridad nacional (1987-1989). A finales de los 90 ayudó a negociar la controvertida salida del ejército de EE.UU. de Panamá. 

La nominación de Negroponte como director principal de la inteligencia nacional es extraña, pues no tiene experiencia directa en este campo. Si se confirma el nombramiento de Negroponte, contará con un control sin precedentes sobre las 15 agencias de inteligencia norteamericanas. Todos los demás directores de inteligencia, incluyendo al jefe de la CIA, informarán directamente al DNI, que a su vez entregará informes diarios al presidente, una labor que antes desempeñaba el director de la CIA. El primer DNI de la nación será responsable de sentar los precedentes y definir el papel de esta nueva institución.

Durante la vista de la nominación de Negroponte como embajador en Irak, el Senador Harkin dijo: «Necesitamos a alguien en Irak que tenga unos antecedentes impecables, un historial inexpugnable en cuanto a su apoyo a los derechos humanos fundamentales y al cumplimiento de la ley, alguien que no tenga manchas en su carrera por haber estado implicado en el tipo de abusos que han salido a la luz recientemente en Irak bajo nuestra jurisdicción militar. Después de las terribles revelaciones de los abusos ocurridos bajo nuestra vigilancia en la prisión de Abu Ghraib (...) creo que nombrar a Negroponte embajador en este puesto vital enviaría un mensaje completamente erróneo». 

Los comentarios de Harkins se revelan ciertos en cuanto a la actual nominación de Negroponte. A la vista de las violaciones de derechos humanos perpetrados por personal de EE.UU. con la excusa de obtener información, es crucial que las agencias de inteligencia de Estados Unidos estén dirigidas por alguien con un historial «inexpugnable» de derechos humanos. 

Para más información 

«El representante elegido por Bush para Irak será el nuevo supervisor de las agencias de espías». Douglas Jehl y Elisabeth Bumiller. The New York Times. 17 de febrero de 2005. 

«El nominado para la inteligencia vuelve a sufrir un escrutinio sobre derechos humanos». Scott Shane. The New York Times. 19 de febrero de 2005.

«Un peligro exquisito: El historial de John Negroponte en Honduras no inspira confianza para su nombramiento como embajador de EE.UU. en Irak». Duncan Campbell. The Guardian/GB. 2 de junio de 2004. 

«Negroponte al completo: De la cabeza a los pies, John Negroponte es una mala elección como embajador en Irak». Matthew Yglesias. The American Prospect Online. 18 de abril de 2004. 

«El Congreso ignora el pasado de «guerra sucia» del nuevo enviado a Irak». Jim Lobe. Inter Press Service. 30 de abril de 2004.

«Ayuda a la Contra». Sarah Wildman. The New Republic. 8 de marzo de 2001. 

«Un engaño cuidadosamente elaborado». The Baltimore Sun. 18 de junio de 1995. 

«El antiguo enviado a Honduras dice que hizo lo que pudo». The Baltimore Sun. 15 de diciembre de 1995. 

«El elegido de Bush ante N.U. se enfrenta a una batalla sobre su papel en la Contra». Los Angeles Times. 25 de marzo de 2001. 

«Bush nombra a un diplomático de 'trucos sucios' para N.U.». San Antonio Current. 17 de abril de 2001. 

«¿Qué ocultó Negroponte y cuándo lo ocultó?». Los Angeles Times. 19 de abril de 2001. 

«Negroponte toma posesión como representante de EE.UU. ante N.U.». Archivo de Washington, Naciones Unidas. 19 de septiembre de 2001. 

«Honduras: Antiguos miembros del Batallón 3-16 convenientemente retirados de la escena». Informe de América Central/México. Abril de 2001. 

«Nuevos hechos en una historia perversa». Laetitia Bordes. Julio de 2001. (Comentarios sobre el nombramiento de Negroponte como embajador ante U.N. por una monja que en 1982 intentó pedirle información sobre desapariciones). 

«Actualización: Las negociaciones sobre la base del Canal de Panamá». Adam Isacson y Susan Peacock. Del Centro de Política Internacional. 30 de octubre de 1996. 

Los Estados Unidos en Honduras, 1980-1981: Memoria de un embajador». Jack R. Binns. McFarland & Co., 2000. 

Carta al editor. John Negroponte. The Economist, 1982.