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Aunque nos vamos acercando
rápidamente al 29 de noviembre, día de las elecciones en Honduras, la cuestión
de si el voto será realmente libre y justo ha escapado hasta ahora de la
atención del gobierno de EE. UU. y de la mayor parte de la prensa más leída en
el mundo. Mientras se centran en los términos de los acuerdos de
Tegucigalpa-San José, su conformidad o la falta de ésta y la aparente disputa
bilateral entre Manuel Zelaya y Roberto Micheletti sobre la presidencia del
país, el gobierno y los observadores de los medios de comunicación han prestado
escasa atención a la supresión de derechos civiles, constitucionales y
políticos de los disidentes, que pone en entredicho cualquier esperanza de un
final para la crisis política, por no mencionar la independencia del proceso
electoral. Como afirmó Bertha Oliva, directora del Comité de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos, en un informe al congreso estadounidense el 5 de
noviembre, «el diálogo bajo la represión no es diálogo... como no lo es el
diálogo que no reconoce los derechos humanos».
¿Libres y justas?
Los patrones internacionales para
unas elecciones libres y justas, definidos en 1994 por la Unión
Interparlamentaria, y adoptados en el año 2000 por la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y en 2001 por los Estatutos Democráticos
Interamericanos de la OEA, exigen derechos básicos de expresión política,
movimiento por todo el país y condiciones de igualdad para las campañas de
todos los partidos. En un ensayo sobre el tema, Eric Bjornlund, de Democracy
International, escribió: «El entorno político debería estar libre de
intimidaciones». A primera vista, estas condiciones no parecen cumplirse en el
actual clima político de Honduras.
Grupos hondureños e
internacionales de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por
la represión política y el reconocimiento de los resultados electorales. Buena
parte de América Latina, incluyendo Brasil y Argentina, han anunciado que no
aceptarán dichos resultados.
MSIF ya ha informado previamente
de la represión generalizada a los medios de comunicación desde el golpe del 28
de junio, entre otros casos, del cierre y la incautación de bienes de Radio
Globo y Canal 36, dos de las dos últimas voces públicas de la oposición, que se
produjeron el pasado mes de septiembre. Ambas emisoras han retomado su
actividad posteriormente, aunque con una capacidad de trasmisión limitada.
Oscar Estrada, productor asociado
de MISF, dijo que las emisoras están aplicando una severa autocensura por miedo
a que se repitan las represalias por parte de los militares. Un periodista de
Radio Globo, Luis Galdámez, sigue criticando al gobierno de facto en su
programa diario «Tras la verdad», y según Amnistía Internacional, está
recibiendo amenazas de muerte. El 19 de noviembre se informó de que la señal
emitida por Canal 36 sufría interferencias que sustituían la programación del
informativo con películas del oeste.
El pasado 5 de octubre, el
gobierno de Honduras aprobó un decreto que autoriza a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, Conatel, a cerrar cualquier medio de comunicación que
preconizara la abstención en las elecciones, o que «incitara al odio»,
expresión que según Estrada, se suele interpretar como hablar mal del gobierno.
Aunque Conatel no ha aplicado todavía el decreto, La directora de la ONG
hondureña Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(Ciprodeh), Reina Rivera, dijo que esperaba que se aplicara en los días
inmediatos al de las elecciones.
MISF también ha informado de la
privación de libertades civiles. Un decreto de emergencia aprobado el 27 de
septiembre que restringía la libertad de expresión, asamblea y tránsito –todos
ellos aspectos fundamentales de un ciclo electoral libre–, y que el presidente
de facto Micheletti prometió anular, no fue derogado hasta el 25 de octubre,
sólo unos días antes de que se alcanzara el acuerdo de Tegucigalpa-San José.
Este decreto ha sido reemplazado por medidas legales más concretas aprobadas
por los distintos ministerios que en conjunto tienen el mismo efecto.
Además del decreto Conatel, la
policía nacional ha emitido una resolución, cuya ilegalidad es perfectamente
demostrable, por la que se exige un aviso previo de 24 horas y el permiso de la
policía para llevar a cabo cualquier marcha o protesta. No obstante, en la
práctica, esta norma sólo se ha aplicado a los candidatos independientes y de
izquierda, a cuyas convocatorias los primeros –y lógicamente, los últimos– en
acudir son los policías.
Otro decreto, emitido por el
Ministerio de Seguridad, clasifica como terrorismo cualquier ocupación de
espacio público y el uso de altavoces por parte de la resistencia. De esta
forma se han denunciado varios actos políticos de partidos de izquierda que
necesitaban sistemas de sonido.
El Frente de Resistencia Contra el
Golpe y el candidato popular independiente, el líder sindical Carlos H. Reyes,
han impuesto como condición previa a su participación en las elecciones la
supresión de cualquier acuerdo sobre el regreso al poder del depuesto Zelaya,
lo que ha tenido como resultado la disgregación efectiva de la oposición. Reyes
se ha retirado oficialmente de la carrera electoral y del Frente, al igual que
120 de los 128 candidatos a las elecciones generales y municipales del Partido
Innovación y Unidad, así como una facción del mayoritario Partido Liberal de
Zelaya (y Micheletti).
Muchas organizaciones de
izquierda, y el propio Zelaya, consideran las elecciones desesperanzadoramente
injustas, han pedido su boicot e iniciado un proceso para impugnarlas y aplazar
las votaciones.
El 17 de noviembre, el Fiscal
General Luis Alberto Rubí anunció que los 530 fiscales del Ministerio Público
vigilarán y tomarán las medidas oportunas contra cualquiera que cometa «delitos
electorales», como dificultar el proceso de votación, incitar a la abstención o
destruir propaganda política, delitos que se podrán castigar con hasta cuatro
años de prisión. El efecto práctico de estas severas restricciones es silenciar
todavía más las voces de la oposición arrebatándoles el único recurso con el
que aún contaban.
El 10 de noviembre, la
organización internacional de justicia CEJIL informó a Naciones Unidas y a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la persecución y represalias que
sufren los jueces y fiscales que han expresado su oposición al golpe. «Los
actos contra estos oficiales son una restricción ilegal de sus derechos y una
táctica de intimidación para acallar sus voces y las de los miles de personas
que se oponen al régimen», ha dicho Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de
CEJIL.
La abogada hondureña de derechos
humanos y ex componente de una lista electoral Berta Cáceres, en declaraciones
a la publicación chilena El Clarín, señaló que el Tribunal Electoral ha
encargado al ejército –la misma institución que ha arrestado ilegalmente,
golpeado e incluso asesinado a miembros de la oposición al golpe– de la
supervisión del proceso electoral. También dijo que cualquiera que sea elegido
el 29 de noviembre representará a un gobierno golpista.
Como explicación de la creciente
cautela que se extiende por el país, Estrada ha dicho: «Todos los partidos
comienzan a sonar como uno porque [el ejército], bajo su doctrina de seguridad
nacional, rige el país, y seguirá controlando el próximo gobierno.
Reina Rivera, de Ciprodeh, ha
dicho que están llegando informaciones de una fuerte militarización de ciertas
áreas remotas del país y teme un conflicto armado. Ulises sarmiento, un
candidato a diputado del Partido Liberal en la provincia de Olancho y firme
defensor de la resistencia, fue atacado el 18 de noviembre por al menos ocho
hombres fuertemente armados. Dos de sus guardaespaldas, Delis Noé Hernández, de
27 años, y José Manuel Beltrán, de 35, murieron en el ataque.
Según Estrada y Rivera, las
elecciones han provocado inquietudes entre los hondureños tanto de derecha, que
temen disturbios callejeros y la implantación de un populismo al estilo Hugo
Chávez, como los de izquierda, que temen una represión masiva y posiblemente
armada, y la legitimación del golpe gracias a las elecciones.
Reconocimiento de EE. UU.
Los Estados Unidos no sólo no han
reconocido estas condiciones aparentemente injustas y faltas de libertad, sino
que todo parece indicar una tendencia a que apoyen las elecciones y su
resultado.
Como mediador en el acuerdo de
Tegucigalpa-San José, el Departamento de Estado estadounidense pareció en
principio hacer esfuerzos desesperados por reinstaurar a Zelaya en el poder
antes de las elecciones. No obstante, cuando se hizo evidente que el congreso
de Honduras no iba a tomar una decisión sobre la vuelta de Zelaya a tiempo, y
cuando Micheletti formó el gobierno de unidad de forma unilateral, EE. UU.
insistió en que el acuerdo todavía tenía vigencia, indicando en una conferencia
de prensa del 6 de noviembre –un día después de que acabara el plazo para la
vuelta de Zelaya– que probablemente reconociera la elección.
Aunque estas declaraciones
resultaron muy confusas para muchos, la posición del Departamento de Estado,
desde Thomas Shannon, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del
Hemisferio Oeste se hizo eco un par de días antes en la CNN en español, donde
afirmó que «El futuro de la democracia hondureña está en las manos del Congreso
hondureño», respondiendo afirmativamente a una pregunta sobre el reconocimiento
de las elecciones, pase lo que pase.
¿El fin de la crisis?
Tanto Honduras como Estados Unidos
quieren ver el final de la crisis, aunque es poco probable que se produzca
gracias a las elecciones. Según Estrada, «Esto va a terminar de una de estas
tres maneras: por medio de una evidente campaña de terror que decapite todas
las organizaciones populistas, por medio de un acuerdo que dé pie a una reforma
constitucional real o como tercera opción, la guerra».
